Washington – Los académicos, periodistas y ciudadanos comunes que desean acceder a información en manos del gobierno de Estados Unidos consideran que la Ley de Libertad de Información, promulgada hace 43 años, es uno de los baluartes de la democracia.

La Ley de Libertad de la Información (FOIA), promulgada en 1966 y perfeccionada con el transcurso de los años, permite a personas y organizaciones (incluso organizaciones y ciudadanos no estadounidenses) solicitar documentos no publicados en poder de los organismos de la rama ejecutiva, sin tener que explicar el motivo de su petición.

Cuando la ley FOIA se promulgó por primera vez, se consideró algo revolucionario. Solo Finlandia y Suecia tenían leyes parecidas. Desde entonces, 80 países han promulgado leyes similares, dijo Tom Blanton, director del Archivo de Seguridad Nacional, un importante instituto de investigación estadounidense, que recopila y publica información conseguida a través de la ley FOIA.

El presidente Lyndon Johnson no demostró demasiado entusiasmo cuando firmó la ley que obligaba al poder ejecutivo poner a disposición del público muchos documentos previa solicitud. Muchas autoridades consideraban que la transparencia que exigía la ley FOIA les impediría transmitir información confidencial en los documentos, perjudicando así la función gubernamental.

Desde sus principios, la FOIA se ha convertido en una popular herramienta de consulta para los periodistas, académicos, empresarios, abogados, consumidores y grupos ecologistas. Ha contribuido a la apertura de la labor del gobierno.

Conforme a la FOIA, los ámbitos de información exentos de la divulgación son: la información personal privada, ciertos asuntos secretos relacionados con la defensa nacional y las relaciones exteriores, y los secretos comerciales y de negocios. La ley no se aplica a las otras dos ramas del gobierno de Estados Unidos, es decir, el poder judicial (tribunales federales) y el poder legislativo (el Congreso), ni a los estados. Los estados tienen leyes similares a la FOIA que abarcan la información gubernamental a nivel estatal.

En el año 1996, la ley FOIA entró en la era digital cuando el Congreso modificó la ley para que proporcionara acceso público a la información en formato electrónico. Los organismos federales tienen información en línea electrónica sobre cómo solicitar documentos.

El 21 de enero, en su segundo día en el cargo, el presidente Obama instruyó al Departamento de Justicia a incrementar aún más el acceso informativo al público. El secretario de Justicia, Eric Holder, cuyo departamento supervisa la gestión y tramitación de las solicitudes de FOIA entre las agencias federales, publicó una serie de directrices el 19 de marzo en cumplimiento de las órdenes de Obama.

Calificando la directiva de Obama como “un cambio radical en la manera en que el gobierno considera la transparencia”, Holder agregó que la FOIA “refleja el compromiso fundamental de nuestro país con el gobierno abierto” y que las nuevas directrices “tienen por objeto subrayar ese compromiso y asegurarnos que se lleve a la práctica”.

Las nuevas orientaciones, que se aplican a todas las agencias del poder ejecutivo, incluyen el requisito de que, cuando se responde a una petición de información, las agencias deben preguntar: “¿Qué puedo divulgar?”. Las agencias no deben retener la información por el solo hecho de que técnicamente están permitidas a hacerlo.

Las directrices también animan a:

-- Divulgar parcialmente los documentos si no pueden divulgarse en su totalidad.

-- Garantizar, en la medida de lo posible, la divulgación discrecional de los documentos.

-- Trabajar cooperativamente con las peticiones y responder de manera oportuna.

-- El personal de FOIA debe de realizar una mejor labor informativa al Departamento de Justicia.

Las nuevas directrices tienen por objetivo hacer más eficiente y rápido el proceso de la FOIA. En 2006, las 30 agencias federales con el más alto nivel de solicitudes informaron de que habían recibido más de 774.000 solicitudes de acceso a la información conforma a la FOIA.

LIBERTAD DE INFORMACIÓN EN EL EXTRANJERO

Otros países han experimentado de primera mano el impacto de la mayor transparencia del gobierno a través de leyes como la FOIA.

Hace poco, la Ley de Libertad de Información del Reino Unido, aprobada el año 2000 pero aplicada recién desde hace poco tiempo, permitió a Heather Brooke, una periodista estadounidense independiente, sacar a la luz un escándalo del gobierno. La periodista, que vive y trabaja en el Reino Unido, utilizó su experiencia como reportera investigadora en Estados Unidos para realizar peticiones por medio de la FOIA en lo relativo a los gastos declarados por miembros del Parlamento británico.

La petición de Brooke desató un enérgico debate en la Cámara de los Comunes, para determinar si el Partido Laborista del gobierno podría recibir una exención por las declaraciones de gastos, de acuerdo a la nueva ley.

Un importante periódico británico, The Daily Telegraph, tuvo acceso a parte de la información y publicó una serie de artículos identificando a 80 miembros del Parlamento como supuestos infractores con las cuentas oficiales de gastos. El hallazgo motivó la renuncia del presidente de la Cámara de los Comunes.

China también está teniendo mayor transparencia gubernamental, luego de que promulgara hace poco sus Reglamentos para Divulgar Información Gubernamental. La ley, de hace un año, ha resultado en mayor apertura, siendo un ejemplo de ello la decisión del ministerio de Finanzas de publicar en Internet el presupuesto gubernamental de 2009, el 20 de marzo. En el año transcurrido se ha divulgado al público chino mayor cantidad de información medioambiental.

Al igual que su contraparte en Estados Unidos, la FOIA de China también obliga a las agencias del gobierno a presentar un informe anual público sobre las acciones que han tomado para divulgar información al público.

Para más información, en inglés, sobre los pasos que siguen las agencias federales para tramitar las peticiones de FOIA, véase la página web del Departamento de Justicia.