RESUMEN: Las autoridades del Gobierno
de Uruguay respondieron activamente a los únicos
dos casos de tráfico de personas detectados en
2003-2004 (un menor y 13 mujeres traficados en Italia).
En el año 2003, los legisladores presentaron
dos proyectos de ley – uno para combatir la explotación
sexual comercial y no comercial y la violencia contra
los niños y adolescentes, y otro para combatir
la pornografía y la prostitución infantil.
Un número de ONG trabajan contra el tráfico
y ofrecen ayuda a las víctimas, y el Gobierno
de Uruguay atienden voluntariamente los casos cuando
estos surgen. La legislación en proceso mejorará
la aplicación de las medidas. Sin embargo, la
falta de recursos por parte del gobierno y las organizaciones
no gubernamentales limitan la acción de un problema
que está creciendo en Uruguay, especialmente
en los últimos cuatros años de recesión
económica. Al utilizar los fondos de INL del
Departamento de Estado, la Embajada patrocina un importante
programa regional contra el tráfico y la pornografía
infantiles, cuyos acontecimientos más importantes
(taller de mejores prácticas y capacitación
contra la pornografía infantil en Internet) se
celebrarán del 22 al 25 de marzo. .
2. PANORAMA GENERAL
La sociedad uruguaya continúa
sufriendo los embates de una recesión económica
que comenzó en 1999. A pesar de que la economía
inició un proceso de recuperación a fines
de 2003, la mayoría de la población aún
lucha por sobrevivir en una economía en la que
la moneda se devaluó en casi el 50% en 2002 y
donde el salario real baja al tiempo que aumenta el
desempleo. En consecuencia, el país es más
vulnerable a las actividades de tráfico que en
el pasado.
A. Las autoridades detectaron dos casos
de tráfico en el correr del año pasado,
uno en 2003 y otro en febrero de 2004. El primer caso
se relacionaba con un menor al cual se estaba traficando
hacia Italia para explotación sexual. El uruguayo
identificado como el proxeneta en este caso fue procesado
y enviado a prisión, con causales de incitación
y falsificación de documentos, dado que utilizó
un pasaporte falso para el menor. En el segundo caso,
las autoridades uruguayas cooperaron con las italianas
en un caso de tráfico, deteniendo al hombre responsable
de haber atraído a 13 mujeres uruguayas a Milán,
en donde se las obligó a practicar la prostitución.
El hombre se encuentra en arresto preventivo en tanto
se tramita la extradición por parte de las autoridades
italianas. La información del caso presentada
por INTERPOL es coherente con los artículos que
se publicaron en la prensa.
De acuerdo con información recabada
de INTERPOL, INAME (el organismo de bienestar social
infantil, la Casa de los Niños (una ONG que ofrece
asistencia a las víctimas), el Instituto Internacional
del Niño (IIN, una organización técnica
de OEA) y AMEPU (un sindicato que defiende los derechos
de los trabajadores sexuales), las mujeres de 18 a 24
años son el blanco de los traficantes. Asimismo,
un número creciente de menores de 11 a 18 años
están participando en actividades de prostitución.
El INAME cree que el 90% de estos menores se prostituyen
para proporcionar asistencia económica a sus
familias, que permiten esta actividad o las promueven
activamente. INAME y las ONG con las que colabora creen
que la mayoría del 10% restante se prostituye
sin participación de terceros y un pequeño
porcentaje se prostituye en concurridas áreas
de turismo como Punta del Este, con ayuda de taxistas
y personal de hoteles que sirven como punto de contacto
o hacen la vista gorda a lo que está ocurriendo.
La mayoría de los menores que participan en actividades
de prostitución provienen de familias pobres
o son fugitivos, pero el problema ha sido detectado
en todos los niveles de la sociedad. También
hay algunas prostitutas extranjeras que ingresan al
país a través de fronteras permeables,
pero las autoridades y las ONG no creen que estén
siendo traídas por terceros.
El tercer tipo de problema relacionado
con el tráfico está relacionado con las
familias pobres de las áreas rurales, que entregan
a sus hijos como servicio doméstico o mano de
obra agrícola a cambio de alimento y hospedaje.
Los niños terminan abandonando la escuela y trabajando
a temprana edad. No existen estadísticas que
reflejen esta práctica y la misma no está
considerada en ninguna ley existente, excepto en la
medida en que los niños no van a la escuela,
que es obligatoria hasta cuarto año de liceo.
Esto también se aplica a niños que son
explotados como mendigos por grupos organizados. No
es posible entablar acciones legales de manera exitosa
contra estos grupos a causa de leyes que hagan que este
tipo de explotación sea ilegal.
B. En ambos casos penales, las víctimas
fueron traficadas desde Uruguay hacia Italia. En el
caso de los trabajadores sexuales extranjeros que están
presentes en Uruguay, los mismos ingresan al país
desde áreas más pobres de Brasil y Argentina,
a través de pasos de frontera mal controlados.
Los menores que participan en actividades de prostitución
provienen de áreas rurales de Montevideo y se
prostituyen en Montevideo y las áreas turísticas
como Punta del Este.
C. El número de menores que participan
en actividades de prostitución ha aumentado en
el correr del año pasado, de acuerdo con AMEPU,
la Casa de los Niños, IIN e INAME. El incremento
se atribuye a problemas económicos sostenidos
en el país, una clase media debilitada y un creciente
número de familias en situación de pobreza.
El resultado es una creciente aceptación por
parte de las familias pobres de la prostitución
infantil como una fuente de ingresos.
D. La Casa de los Niños tiene
un proyecto para llevar a cabo un estudio en las zonas
fronterizas; sin embargo, la ONG no dispone de fondos
para realizar este proyecto. No existen planes para
un estudio gubernamental y no hay nueva información
disponible.
E. No existe información disponible
que indique que el país es un punto de destino
para víctimas de tráfico.
F. La población afectada por
los traficantes está compuesta principalmente
por mujeres jóvenes de 18 a 24 años. De
acuerdo con INTERPOL y la prensa, las mujeres traficadas
a Italia fueron atraídas por ofertas de empleo
legítimo y luego se las obligó a ejercer
la prostitución, trabajando 15 horas por día
en viviendas baratas. A excepción del menor que
viajaba con un pasaporte falso, las víctimas
viajaron por su propia voluntad utilizando documentos
de viaje legítimos.
G. En 2003, los legisladores presentaron
dos proyectos de ley -- uno para combatir la explotación
sexual comercial y no comercial y la violencia contra
los niños y adolescentes, y otro para combatir
la pornografía y la prostitución infantil.
Este último fue aprobado por la Cámara
de Representantes y espera el estudio y aprobación
del Senado. El Gobierno de Uruguay respondió
activamente a los casos de tráfico detectados
en 2003 y 2004, procesando y encarcelando al autor en
el primer caso, y deteniendo al autor para su extradición
a Italia en el segundo.
Las autoridades de inmigración
afirmaron que están investigando a empresas que
solicitan trabajadores extranjeros para determinar si
son empresas de trabajo genuinas, con el fin de asegurar
que las solicitudes no encubren el tráfico de
inmigrantes. De acuerdo con el INAME, en todos los casos
los tribunales dictaminan la prisión para las
personas que participen en la prestación de servicios
de menores, o faciliten los mismos.
H. No existen pruebas que indiquen las
autoridades gubernamentales o integrantes individuales
del gobierno faciliten o permitan el tráfico.
I. La capacidad del gobierno para enfrentar
el problema está afectada por la falta de legislación
específica y recursos.
J. El gobierno no controla sistemáticamente
los esfuerzos contra el tráfico. El INAME tiene
un proyecto llamado Línea Azul, en el que los
ciudadanos denuncian la explotación o el abuso
de menores; asimismo colabora y proporciona fondos a
varias ONG que trabajan con niños de la calle.
Las ONG remiten información al INAME. Además,
este año el Gobierno de Uruguay participará
en el proyecto de tráfico de personas de la Embajada
, financiado por INL. El proyecto, que será ejecutado
por IIN, está formado por un grupo de estudio
de mesa redonda inicial que reunió a representantes
de la ley, legisladores, diversas autoridades de bienestar
infantil en noviembre de 2003; una conferencia, celebrada
del 22 al 23 de marzo junto a representantes del MERCOSUR
más Chile y Bolivia, para comparar esfuerzos
y legislación en cada país para combatir
el tráfico de personas y alentar la elaboración
de legislación que permitirá que los representantes
de la ley combatan el tráfico más allá
de las fronteras dispuestas; un taller celebrado del
24 al 25 de marzo junto con expertos de DHS para capacitar
a técnicos en la detección y el control
de la actividad del tráfico de personas en Internet;
y una conferencia final celebrada en septiembre para
compartir la información reunida y trabajar en
la implementación de la legislación necesaria
en cada país.
K. La prostitución es legal.
La edad mínima para esta actividad es los 18
años. Se inspeccionan burdeles, discotecas, espectáculos
y casas de masajes para asegurar que los menores no
estén trabajando. En caso de detectarse menores,
se multa a los propietarios y en ocasiones se cierran
los establecimientos.
L. La práctica de compra y venta
de niñas como novias no ocurre en Uruguay.
3. PREVENCIÓN
A. El Gobierno de Uruguay cree que la
incidencia del tráfico a través de las
fronteras del país es baja. Las autoridades detectaron
dos casos de tráfico que involucraron a 14 mujeres
(1 menor y 13 adultos) y varios casos de contrabando
de inmigrantes en los que estaban implicadas 55 personas,
sometiéndose a procesamiento legal este año.
Los casos de tráfico de inmigrantes involucraron
a albanos (4), argentinos (3), belgas (1), cubanos (7),
chinos (2), nepaleses (3), peruanos (21), dominicanos
(2) y uruguayos (12).
El INAME está preocupado por
un incipiente turismo sexual y temas de tráfico
interno como la explotación laboral de menores,
dándoselos a terceros a cambio de alimentos y
alojamiento, la explotación de niños como
mendigos por parte de grupos organizados, y menores
que participan en actividades de prostitución.
El Gobierno de Uruguay está en el proceso de
disponer la educación sexual como medida preventiva.
Se elaborado un programa por parte del INAME, el CODICEN
y el Ministerio de Salud, y actualmente se encuentra
pendiente para la aprobación del Ministerio de
Educación y Cultura y la Organización
para la Educación Informal (Escuelas Religiosas).
El Gobierno de Uruguay espera poder lograr un consenso
para implementar el programa este año. El INAME
también elaborado un Plan de Acción que
el Protocolo Opcional a la Convención sobre Derechos
del Niño (CRC, por sus siglas en inglés)
referente a la venta de niños, la prostitución
infantil y la pornografía y el Protocolo para
Evitar, Reprimir y Penar el Tráfico de Personas,
particularmente Mujeres y Niños, que complementa
a la Convención de las Naciones Unidas contra
el Crimen Organizado a Nivel Transnacional. El Plan
de Acción no se implementó dada la falta
de recursos. Finalmente, el Gobierno de Uruguay está
revisando el Código del Niño, que data
de 1934, para enfrentar algunos de estos temas, pero
la versión revisada, que debería haber
sido aprobada el año pasado, espera aún
su aprobación.
B. INTERPOL, la Oficina para la Prevención
de Delitos y la Unidad contra los Delitos Organizados,
Inmigración y el INAME participan en esfuerzos
contra el tráfico. Los legisladores también
han propuesto leyes que enfrentan el tema de la explotación
sexual comercial y no comercial de niños.
C. No existe una campaña gubernamental
de educación antitráfico difundida. El
Gobierno de Uruguay ha elaborado un programa de educación
sexual, que está en proceso de aprobación,
con miras a prevenir el tráfico de niños.
En septiembre, la ONG Casa de los Niños celebró
un seminario para alertar y capacitar al personal de
sector hotelero con el fin de detectar el turismo sexual.
D. La Constitución del Uruguay
establece la obligatoriedad de la educación hasta
cuarto año de liceo. INAME tiene un programa
IPEC piloto con 50 familias, en el que se les paga un
subsidio durante dos años para que los niños
vayan a la escuela mientras los padres reciben capacitación
laboral y capital inicial para fundar una pequeña
empresa que les permita mantener a la familia y conservar
a los niños en la escuela luego de suspenderse
el subsidio. Doce de estas 50 han completado el programa.
El INAME espera disponer de fondos adicionales para
desarrollarlo.
E. Véase 3.D. El treinta y nueve
por ciento del presupuesto del INAME está dedicado
a mantener guarderías y a alimentar a niños
después de la escuela, mientras los padres están
trabajando. El INAME quiere implementar escuelas de
tiempo completo.
F. Los funcionarios gubernamentales,
las ONG y las organizaciones internacionales colaboran
para enfrentar los problemas del tráfico. El
INAME cuenta con acuerdos y proporciona fondos para
El Faro, SOMOS, Arco Iris y Andenes, contando todos
ellos con programas para niños de la calle y
ayuda a víctimas.
El INAME también trabaja junto
a la Casa de los Niños, BICE (organización
de asistencia técnica católica) y Claves,
un programa de juventudes cristianas. La colaboración
con las ONG es importante porque el INAME solo puede
actuar en casos que son referidos a la institución
por el poder judicial. Las víctimas son referidas
al INAME a través del sistema de justicia. El
INAME trabaja junto a IIN y ha participado en muchas
conferencias y seminarios internacionales patrocinados
por organismos internacionales. INTERPOL y la Unidad
contra el Delito Organizado han trabajado junto a sus
homólogos de Argentina, Alemania e Italia con
el fin de aprender formas de enfrentar y rastrear el
tráfico.
G. Las fronteras son permeables a causa
de la falta de recursos. Inmigración investiga
a las empresas que solicitan visas laborales para asegurarse
de que sean legítimas, pero más allá
de ello no existe un control de la emigración
e inmigración específico para detectar
señales de tráfico. Las agencias de cumplimiento
de la ley responden de manera apropiada cuando existen
pruebas de organizaciones de tráfico (Véase
la respuesta 2.A anterior).
H. No existe un grupo trabajo formado
por varias agencias o fuerzas operativas para enfrentar
los temas de tráfico. Las autoridades del Gobierno
de Uruguay se reunieron en la mesa redonda del proyecto
de tráfico de personas de la Embajada celebrada
en noviembre y están invitadas a la conferencia
del proyecto IIN y la capacitación DHS en marzo.
El Gobierno de Uruguay tienen una fuerza operativa anticorrupción
en el sector público llamada Junta Asesora en
Materia Económica Financiera del Estado. La Embajada
auspicia una conferencia para promover la capacitación
anticorrupción para funcionarios judiciales encargados
del cumplimiento de la ley, del 8 al 11 de marzo.
I. El Gobierno de Uruguay participa
regularmente en CETI (un grupo de trabajo del MERCOSUR
que brega para eliminar las peores formas de trabajo
infantil), y participó en el Concejo Mundial
que se reunió en Yokohama y México, en
la Conferencia Panamericana del Niño.
J. El INAME tiene un Plan de Acción
dirigido a la prevención, promoción de
educación/información, sensibilización
del tema, tratamiento de las víctimas y rehabilitación
víctimas/autores e interdicción. El Plan
de Acción no ha sido implementado a causa de
falta de recursos.
K. No existe una entidad o persona responsable
del desarrollo de programas antitráfico en el
gobierno.
4. INVESTIGACIÓN Y PROCESAMIENTO
DE TRAFICANTES
A. Uruguay no tiene una ley que prohíba
específicamente el tráfico de personas.
En casos de explotación laboral y sexual, los
traficantes son procesados generalmente de acuerdo con
los términos del Código de los Niños
y Adolescentes. La ley data de 1934 y el Gobierno de
Uruguay intenta reformarlo desde el año pasado
para proteger adecuadamente a los menores, pero no se
ha logrado un consenso. En otros casos en los que está
implicado el fraude documental, los delincuentes se
procesan de acuerdo con el Código Penal en base
a Fraude Material e Ideológico. Las leyes existentes
no cubren adecuadamente el alcance completo del tráfico
de personas y la necesidad de una legislación
adecuada resulta urgente.
B. Las penas por tráfico explotación
sexual están entre 4 y 6 años, pero los
delincuentes pueden salir bajo palabra luego de haber
cumplido la mitad de la sentencia. La explotación
laboral está generalmente penada por multas o
por el cierre de establecimientos en donde tuvo lugar.
En el caso del grupo organizado que explotaba a los
niños como mendigos, el caso nunca progresó
porque no existía una ley adecuada para aplicar.
C. Los casos de ataque o violación
se procesan generalmente como "atentado violento
al pudor" a causa de la falta de pruebas. Las penas
son generalmente de 2 a 3 meses en prisión y
a menudo se deja a salir a los delincuentes bajo palabra.
D. El Gobierno de Uruguay ha procesado
casos contra traficantes que están mencionados
en la respuesta a 2.A. anterior. El autor del caso del
menor que fuera traficado fue sentenciado a 6 años
de prisión por actuar como proxeneta y falsificación
de pasaporte. En proxeneta en el caso de las 13 mujeres
está en custodia preventiva mientras se espera
la extradición a Italia.
E. Los casos de tráfico internacional
implicaron la participación de un grupo organizado
en Milán en el que participan ciudadanos uruguayos.
El tráfico dentro de Uruguay es llevado a cabo
por grupos organizados que explotan a los niños
como mendigos; familias que dan sus hijos para situaciones
de explotación laboral a cambio de alimentos
y alojamiento; y familias que permiten o facilitan la
prostitución de menores por motivos económicos.
Recientemente, ha habido informes de taxistas y empleados
de hoteles en áreas turísticas concurridas
que facilitan o hacen la vista gorda ante la prostitución
de menores para turismo sexual. No existen indicaciones
de que haya funcionarios del Gobierno de Uruguay implicados.
F. El Gobierno de Uruguay coopera con
las autoridades de otros países para investigar
el tráfico. La Unidad contra el Crimen Organizado
ha cooperado con la policía alemana para resolver
casos que involucraban pornografía infantil en
Internet. INTERPOL ha cooperado con las autoridades
italianas para resolver un caso de tráfico que
involucraba a víctimas y autores uruguayos. Los
funcionarios de ambas organizaciones han sido capacitados
por colegas argentinos o de otros países. Las
técnicas de investigación como la vigilancia,
operaciones encubiertas, las penas mitigadas o la inmunidad
a cambio de cooperación deben ser autorizadas
por un juez. Sin embargo, no existe ninguna ley que
prohíba estas actividades.
G. El Gobierno de Uruguay no cuenta
con ningún programa para la capacitación
especializada de funcionarios que les permita reconocer,
investigar o procesar el tráfico, pero los funcionarios
de INTERPOL y de la Unidad contra el Crimen Organizado
participan en cursos junto a colegas de otros países
cuando surge la oportunidad y participarán en
taller de capacitación del proyecto de Tráfico
de Personas de la Embajada.
H. El Gobierno de Uruguay coopera con
otros gobiernos para investigar y procesar los casos
de tráfico, como se indica en las respuestas
2.A y 4.F. anteriores.
I. El Gobierno de Uruguay permite la
extradición de personas acusadas de tráfico
en otros países, incluidos sus propios ciudadanos
(Véase las respuestas 2.A y 4.F). La extradición
en el caso ocurrido en febrero está aún
en trámite.
J. No existen pruebas de participación
del gobierno en el tráfico, o su tolerancia del
mismo.
K. El Gobierno de Uruguay ha firmado,
ratificado y adoptado las medidas para implementar la
Convención ILO 182; la Convención ILO
105; el Protocolo Opcional a la Convención de
los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en
inglés) sobre la venta de niños, la prostitución
infantil y la pornografía infantil, y el Protocolo
para Evitar y Penar el Tráfico de Personas, particularmente
Mujeres y Niños, que complementa a la Convención
de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional.
5. PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A
VÍCTIMAS
A. No corresponde. No existen pruebas
de que Uruguay sea el punto de destino final para el
tráfico y no se han registrados casos.
B. EL INAME cuenta con acuerdos y proporciona
fondos para varias ONG con el fin de prestar auxilio
a víctimas (menores). Véase la respuesta
3.F anterior.
C. Los tribunales refieren las víctimas
menores de casos de tráfico al INAME, que dispone
la atención a corto o largo plazo de las ONG.
Existe un proceso de selección y referencia para
transferir directamente a las víctimas detenidas
o arrestadas.
D. Las autoridades de la ley no cuentan
con una capacitación específica en el
tratamiento de las víctimas. Las víctimas
no son procesadas por prostitución.
E. No existen obstáculos para
que las víctimas presenten demandas contra sus
explotadores, pero no existe un programa de restitución
a las víctimas. Uruguay no parece ser un destino
final para el tráfico.
F. Las medidas de protección
para víctimas y testigos están establecidas
en el plan de acción del INAME, pero el plan
no ha sido aún implementado.
G. El Gobierno de Uruguay no proporciona
capacitación especializada para que los funcionarios
gubernamentales reconozcan y ofrezcan ayuda a las víctimas.
Se recibe capacitación informal a través
de la cooperación con las autoridades de otros
países y la asistencia a seminarios y conferencias
internacionales.
H. Existe asistencia médica disponible
para víctimas de tráfico como parte del
sistema de salud pública. No hay ayuda financiera
o refugios disponibles.
I. El Faro, SOMOS, Arco Iris, Andenes,
Claves - Juventud Para Cristo, BICE (asistencia técnica
católica) y la Casa de los Niños trabajan
con las víctimas del tráfico. Algunas
ONG ofrecen tratamiento para víctimas de abuso
y tráfico y otras proporcionan alojamiento, alimentos
o educación. Todas trabajan con menores. El Gobierno
de Uruguay no cuenta con programas de asistencia a las
víctimas porque Uruguay no es un destino del
tráfico internacional. La asistencia a víctimas
de explotación laboral y sexual está disponible
a través del INAME y las ONG. No existe una asistencia
más amplia a causa de la falta de recursos.
